Nacionalidad española para filipinos
Los documentos filipinos se apostillan desde el 14 de mayo de 2019. Media internet —y hasta la versión anterior de esta página— sigue mandando a los solicitantes filipinos a una legalización consular que ya no procede.
Última actualización: 14 de agosto de 2026
Filipinas está nombrada en el Código Civil junto a los países iberoamericanos y ausente de la lista reglamentaria que dispensa del examen de idioma. El vínculo histórico con España le da el plazo corto y no le da la exención lingüística, porque el español dejó de ser lengua oficial y el reglamento de 2015 solo mira eso.
Apostilla desde el 14 de mayo de 2019
Empezamos por la corrección, porque es la que ahorra dinero. Filipinas es parte del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, con efectos desde el 14 de mayo de 2019. Sus documentos públicos llevan apostilla, no legalización diplomática. Aquí no hay listas que se contradigan: la tabla de Estados parte de la Conferencia de La Haya lo cierra con fecha.
Es una de las incorporaciones más tardías del sitio, en un grupo que se ha movido mucho en los últimos años: Pakistán desde el 9 de marzo de 2023, Senegal desde el 23 de marzo de 2023, China desde el 7 de noviembre de 2023, Bangladés desde el 30 de marzo de 2025 y Argelia desde el 9 de julio de 2026. España, en comparación, es parte desde el 25 de septiembre de 1978.
La fecha no es un adorno. Un documento filipino emitido y legalizado antes del 14 de mayo de 2019 siguió la vía consular, que era entonces la única posible; eso no lo invalida, pero explica por qué tanta información publicada sobre Filipinas sigue describiendo un procedimiento que ya no existe. Si el certificado es antiguo, lo razonable es pedirlo de nuevo y apostillarlo.
La apostilla la emite la autoridad filipina, no España, y acredita solo la firma, la calidad del firmante y el sello: nunca el contenido. Lo que no venga en español necesita además traducción jurada de traductor-intérprete nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que mantiene buscador público. Ninguna norma obliga a traducir después de apostillar, aunque conviene, para que la traducción recoja la apostilla.
Tres listas, y la lingüística que falta
| Lista | Qué concede | ¿Filipinas? |
|---|---|---|
| Art. 22.1 CC | Dos años de residencia | Sí, nombrada |
| Art. 23.b) CC | Sin declaración de renuncia | Sí |
| Art. 24.1 CC | El español de origen no pierde la española | Sí, nombrada |
| Art. 6.5 RD 1004/2015 | Sin DELE A2 | No |
Filipinas aparece por su nombre en dos preceptos del Código Civil, se beneficia del tercero y desaparece en el cuarto. No es un olvido del legislador: los tres primeros reconocen un vínculo histórico y el cuarto es una lista de idioma, redactada en 2015, cuando el español ya no era lengua oficial allí. El vínculo sirve para el plazo y no para el examen.
Conviene añadir el matiz de la literalidad. El artículo 22.1 reserva los dos años a los nacionales de origen: quien adquirió la nacionalidad filipina por naturalización no accede a ese plazo. El artículo 23.b) usa otra fórmula, «naturales de», más amplia. Las condiciones de la residencia —legal, continuada e inmediatamente anterior— están en nacionalidad por residencia.
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La ley es más abierta que el reglamento
Hay aquí una tensión normativa que merece conocerse. La disposición final 7.ª.3 de la Ley 19/2015, que es la norma de rango legal, exige acreditar el idioma salvo para los nacionales de «países o territorios en que el español sea el idioma oficial». El artículo 6.5 del Real Decreto 1004/2015 desarrolla ese criterio cerrándolo en veinte nombres, y Filipinas no está entre ellos. Hay argumento jurídico para invocar la ley, pero la práctica administrativa aplica la lista cerrada: quien planifique su expediente contando con lo contrario se expone a un requerimiento.
La comparación que mejor lo ilumina es Puerto Rico, que no es un Estado y está solo en esa lista: no tiene los dos años ni la dispensa de renuncia, y sí la exención del DELE. Lista de territorios donde se habla español frente a listas de vínculo histórico: son criterios distintos y por eso no coinciden.
Para un solicitante filipino el resultado es que hay dos exámenes. El CCSE —85 €, el precio que fija el Instituto Cervantes, que no es una tasa del BOE— y el DELE A2 —138 € en España en 2026—. En total, 223 € en pruebas. Y el DELE es el cuello de botella del calendario: cinco convocatorias con nivel A2 en 2026 frente a diez del CCSE, y 53 días hasta las calificaciones frente a unos veinte.
Las otras formas de acreditar el idioma
El DELE A2 no es la única puerta. El artículo 10.3 de la Orden JUS/1625/2016 admite también los diplomas DELE de nivel superior —B1, B2, C1 y C2— y los certificados de Escuela Oficial de Idiomas de español como lengua extranjera de nivel A2, B1 o B2. No hace falta pedir nada: se aportan y ya.
Y una advertencia de lectura del calendario oficial: la sigla «A2-NA» no significa «A2 para la nacionalidad». Significa «no alfabetizados» y designa una prueba adaptada, solo oral, de quince minutos, reservada a quien tenga dispensa previa del Ministerio de Justicia. Inscribirse ahí por error es un problema difícil de deshacer.
La renuncia y el malentendido del artículo 24
Repetido en casi todas las páginas de este sitio y falso en todas: el artículo 24 del Código Civil no regula la renuncia. La regula el artículo 23.b), que exceptúa de ella a «los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24», donde Filipinas aparece nombrada. La cita del 24.1 sirve para identificar a los exceptuados, nada más.
El artículo 24 regula la operación inversa: la pérdida de la nacionalidad española por quien ya es español. Exige tres requisitos a la vez —emancipación, residencia habitual en el extranjero y adquisición voluntaria de otra nacionalidad o uso exclusivo de la anterior—, de modo que un español residente en España que adquiere otra nacionalidad no la pierde por esta vía. Renunciar es una declaración de voluntad en el momento de adquirir; perder es un efecto legal posterior.
Qué haga Filipinas con la nacionalidad filipina lo decide su Derecho, que no está entre los seis ordenamientos extranjeros verificados en fuente oficial. No damos una respuesta cerrada: compruébalo antes de dar ningún paso, porque las consecuencias son permanentes. Tampoco publicamos cifras de concesiones ni de residentes filipinos: no hay dato verificado.
Errores frecuentes en los expedientes filipinos
- Encargar una legalización consular que dejó de ser necesaria el 14 de mayo de 2019, siguiendo información desactualizada.
- Presentar un certificado filipino antiguo, legalizado por la vía anterior, en vez de pedirlo de nuevo con apostilla.
- Suponer que el vínculo histórico con España exime del DELE A2: la lista del idioma es otra y Filipinas no está en ella.
- Confiar en el SIELE o en el propio CCSE para acreditar el idioma.
- Inscribirse en una convocatoria «A2-NA» creyendo que es el DELE de nacionalidad.
Esto es información, no asesoramiento jurídico, y cada expediente tiene particularidades. Y una denegación es una decisión administrativa sobre un expediente concreto, no un juicio sobre la persona.
Preguntas frecuentes
¿Los documentos filipinos se apostillan o se legalizan en el consulado?
Se apostillan. Filipinas es parte del Convenio de La Haya de 1961 con efectos desde el 14 de mayo de 2019, de modo que la legalización diplomática ya no procede. La tabla de Estados parte de la Conferencia de La Haya lo cierra con fecha.
¿Un filipino tiene que hacer el DELE A2?
Sí. La dispensa del examen de idioma la concede el artículo 6.5 del Real Decreto 1004/2015 mediante una lista cerrada de veinte países, y Filipinas no figura en ella, pese a estar nombrada en el artículo 22.1 del Código Civil para el plazo de dos años.
¿Sirve el SIELE para acreditar el nivel de español?
No. Valen los diplomas DELE de nivel A2 o superior y los certificados de Escuela Oficial de Idiomas de español como lengua extranjera de nivel A2, B1 o B2. El SIELE no sirve, y el CCSE por sí solo tampoco acredita el idioma.
¿Cuántos años de residencia necesita un filipino?
Dos años, porque el artículo 22.1 del Código Civil nombra expresamente a Filipinas. El plazo se reserva a los nacionales de origen: quien adquirió la nacionalidad filipina por naturalización queda en el plazo general.
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Fuentes oficiales
- Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), tabla de Estados parte del Convenio de 1961
- Ley 19/2015, disposición final 7.ª.3
- Real Decreto 1004/2015, artículo 6.5
- Orden JUS/1625/2016 (BOE-A-2016-9314), artículos 10.2, 10.3 y 10.5
- Código Civil, artículos 22.1, 23.b) y 24.1 (BOE, texto consolidado)
- Instituto Cervantes, calendario y precios del CCSE y del DELE A2, consultados el 14 de agosto de 2026
La fecha de entrada en vigor del Convenio para Filipinas procede de la tabla oficial de la HCCH. La tensión entre la ley y el reglamento en materia de idioma es lectura de ambos textos, no doctrina publicada.
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