Nacionalidad española para rumanos
Los rumanos son el primer colectivo extranjero de España y el que menos se nacionaliza. No es una paradoja cultural ni un desinterés: es una consecuencia aritmética del plazo que les asigna el Código Civil.
Última actualización: 14 de agosto de 2026
El primer colectivo y la tasa más baja
A 30 de septiembre de 2025 había 1.135.212 residentes rumanos en España, el colectivo extranjero más numeroso del país. En 2025 se concedieron 6.330 nacionalidades a rumanos por la vía de la residencia, un 14,9 % más que el año anterior: uno de los pocos crecimientos de dos dígitos del año. Y aun así, esas concesiones equivalen al 0,6 % del colectivo, la proporción más baja de los diez países con dato publicado.
Las tres cifras salen de la misma fuente —el Observatorio Permanente de la Inmigración, concesiones por residencia de 2025, con residentes a 30 de septiembre de ese año— y conviene leerlas juntas. Un colectivo enorme, un crecimiento notable y una tasa mínima describen algo concreto: no una comunidad que no quiere ser española, sino una que todavía espera a poder pedirlo.
Honduras y Rumanía: el contraste del plazo
La comparación más elocuente de todo este sitio se ve con dos filas:
| País | Residentes | Concesiones 2025 | Proporción | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Rumanía | 1.135.212 | 6.330 | 0,6 % | 10 años |
| Honduras | 65.475 | 13.102 | 17,1 % | 2 años |
Honduras tiene diecisiete veces menos residentes que Rumanía y el doble de concesiones. La variable que lo explica está en la última columna. El reparto general lo confirma: en 2025 el 56 % de las concesiones salió por el plazo de dos años y solo el 17 % por el de diez. Quien está en la cola de los diez años tarda cinco veces más en llegar a la ventanilla, y el efecto sobre las estadísticas anuales es exactamente el que muestran las dos filas.
Practica las 300 preguntas del manual oficial.
Test por tarea y simulacros con el formato real de la prueba, con explicación de cada respuesta.
Diez años porque la lista es histórica
El artículo 22.1 del Código Civil rebaja el plazo a dos años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y para los sefardíes. El criterio es el vínculo histórico, no la pertenencia a la Unión Europea ni la vecindad. Por eso Portugal es el único Estado miembro en esa lista —y aun así los portugueses hacen el DELE—, y por eso un rumano con veinte años de vida y cotización en España espera diez.
El plazo sí puede bajar por otra puerta, ajena a la nacionalidad: el artículo 22.2 concede un año a quien haya nacido en territorio español, a quien lleve un año casado con español o española sin separación legal ni de hecho, y al nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles. Las condiciones de la residencia se explican en nacionalidad por residencia y el caso europeo en ciudadanos de la UE.
Renunciar no es perder
Se lee en todas partes que «el artículo 24 del Código Civil regula la renuncia». Es falso. La renuncia está en el artículo 23.b), que remite al artículo 24.1 solo para identificar a los exceptuados. Rumanía no figura en esa lista, de modo que un rumano sí formula la declaración de renuncia a su nacionalidad anterior en el acto de adquisición.
El artículo 24 regula lo contrario: la pérdida de la nacionalidad española de quien ya la tiene. Y no basta con adquirir otra nacionalidad; hacen falta tres circunstancias a la vez: estar emancipado, tener residencia habitual en el extranjero y adquirir voluntariamente otra nacionalidad o usar en exclusiva la anterior. Quien sigue viviendo en España no la pierde por esta vía. Y su inciso protector ampara solo la nacionalidad española de origen, no la adquirida por residencia.
Lo que no afirmamos sobre la ley rumana
Del lado español sí puede describirse el mecanismo. La declaración de renuncia se exige y se agota dentro de nuestro ordenamiento; su eficacia extintiva depende del Derecho del otro Estado. El artículo 25.1.a) sanciona con la pérdida al español que durante tres años use exclusivamente la nacionalidad «a la que hubiera declarado renunciar»: una norma que presupone que esa nacionalidad puede seguir viva. Es una lectura del sistema, no doctrina establecida, y merece contraste antes de actuar.
2001: la apostilla, y el reglamento que la desplaza
El Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 está en vigor para Rumanía desde el 16 de marzo de 2001, seis semanas antes que para Bulgaria y varios años antes de la adhesión de ambas a la Unión Europea. Un documento rumano anterior a esa fecha siguió la vía consular, válida entonces; un expediente actual pide certificaciones recientes.
Y hoy, para muchas de ellas, la apostilla sobra. El Reglamento (UE) 2016/1191 suprime, en determinados documentos públicos que circulan entre Estados miembros, la apostilla y la traducción jurada, sustituyéndolas por impresos estándar multilingües que la autoridad rumana adjunta al original a petición del interesado. Este sitio venía mandando a apostillar a todos los solicitantes de la Unión sin mencionarlo. Fuera de ese ámbito rige la apostilla, que certifica la firma, la calidad del firmante y el sello, no el contenido, y la traducción por traductor-intérprete nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. No hay norma que obligue a traducir después de apostillar: es práctica recomendable, no requisito. Más detalle, en documentación y tasas.
Dos exámenes y un calendario
Un rumano hace CCSE y DELE A2. La exención de lengua nace del artículo 6.5 del Real Decreto 1004/2015, una lista cerrada de veinte nombres donde Rumanía no está —tampoco Brasil ni Portugal, que sí tienen dos años—. El cuello de botella es el DELE: cinco convocatorias con nivel A2 en 2026 frente a diez del CCSE, y 53 días de calificación medidos en febrero de 2026 frente a unos 20 del CCSE. Primero se fija el DELE; el CCSE se encaja alrededor. El diploma DELE no caduca; el certificado del CCSE caduca a los cuatro años, lo que en un plazo de diez años importa mucho.
Errores frecuentes en expedientes rumanos
- Leer la baja tasa de nacionalización del colectivo como un obstáculo administrativo específico contra los rumanos. Es el plazo, no un filtro.
- Presentar la solicitud contando desde la llegada a España y no desde el inicio de la residencia legal computable.
- Aprobar el CCSE al llegar y descubrir a los diez años que el certificado caducó a los cuatro.
- Pagar apostilla y traducción jurada de un certificado rumano que podía haberse pedido con impreso multilingüe del Reglamento (UE) 2016/1191.
- Repetir que «el artículo 24 regula la renuncia»: la renuncia es el 23.b), y el 24 habla de perder la española.
El tercero es aquí el más caro, precisamente porque la espera es larga. Y conviene recordar que aprobar los exámenes no da derecho a la nacionalidad: el artículo 6.8 del Real Decreto ordena valorarlos junto con los informes del expediente, y la tasa de denegación ha pasado del 3,0 % en 2023 al 10,1 % en 2025. Una denegación es una decisión administrativa sobre un expediente concreto, no un juicio sobre la persona.
¿Cuántos rumanos obtuvieron la nacionalidad española en 2025?
6.330 concesiones por residencia, un 14,9 % más que el año anterior, según el Observatorio Permanente de la Inmigración. Con 1.135.212 residentes a 30 de septiembre de 2025, esas concesiones equivalen al 0,6 % del colectivo: la proporción más baja de los diez países con dato publicado.
¿Por qué se nacionalizan tan pocos rumanos si son el primer colectivo de España?
El factor que mejor lo explica es el plazo. A un rumano le corresponden los diez años del artículo 22.1 del Código Civil, mientras que un hondureño o un ecuatoriano pueden solicitar a los dos. Por la vía de los dos años salió el 56 % de las concesiones de 2025 y por la de los diez, solo el 17 %.
¿La ciudadanía de la Unión Europea acorta el plazo a un rumano?
No. La libre circulación facilita residir y trabajar en España, pero no reduce el plazo de nacionalización. La rebaja del artículo 22.1 responde a un vínculo histórico y el único Estado miembro que aparece en esa lista es Portugal.
¿Hay que apostillar un certificado rumano?
El Convenio de La Haya está en vigor para Rumanía desde el 16 de marzo de 2001, así que la apostilla es la vía general. Pero para determinados documentos públicos entre Estados miembros el Reglamento (UE) 2016/1191 suprime la apostilla y la traducción jurada mediante impresos estándar multilingües: conviene comprobarlo antes de encargar nada.
Contenido relacionado
- Honduras: el colectivo con la tasa más alta
- Bulgaria: el país sin cifras publicadas
- La vía de los dos años, en detalle
- Novedades: denegaciones, plazos y cambios de 2026
Practica las 300 preguntas del manual oficial.
Test por tarea y simulacros con el formato real de la prueba, con explicación de cada respuesta.
Fuentes oficiales
- Código Civil, artículos 21 a 26 (BOE, texto consolidado)
- Real Decreto 1004/2015, artículos 6 y 11 (BOE, texto consolidado)
- Orden JUS/1625/2016 (BOE-A-2016-9314), artículo 10 y Anexo
- Observatorio Permanente de la Inmigración, concesiones por residencia 2025 y residentes a 30 de septiembre de 2025
- Ministerio de Justicia, estadística de expedientes de nacionalidad (datos a 31 de marzo de 2026)
- Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), tabla de Estados parte del Convenio de 5 de octubre de 1961
- Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo
- Instituto Cervantes, exámenes CCSE y DELE
Consultadas el 14 de agosto de 2026. Esto es información, no asesoramiento jurídico: tu expediente puede tener particularidades.
NacionalidadEspañolaTest es una herramienta independiente de preparación y no está afiliada ni respaldada por el Instituto Cervantes, por el Ministerio de Justicia ni por ninguna administración. La información oficial y vinculante es siempre la publicada por el Instituto Cervantes en su web de exámenes.