Nacionalidad española para italianos
Italia lleva en la construcción europea desde el principio y comparte con España lengua románica, ordenamiento civil e historia. En el expediente de nacionalidad, nada de eso cuenta: diez años de espera y examen de lengua.
Última actualización: 14 de agosto de 2026
Fundadora de la Unión y diez años de espera
A un italiano le corresponde el plazo general de diez años del artículo 22.1 del Código Civil. Ninguno de los rasgos que un solicitante italiano suele dar por relevantes —ser Estado fundador de la construcción europea, llevar décadas de residencia en España, tener familia española— altera ese plazo.
La razón es que la rebaja del artículo 22.1 responde a un criterio histórico y no a uno geográfico ni comunitario: alcanza a los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, y a los sefardíes. Portugal es el único Estado miembro de la Unión en esa lista, y está por el vínculo histórico, no por el Tratado. Lo desarrollamos en ciudadanos de la UE. El plazo baja a un año, eso sí, en supuestos del artículo 22.2 que nada tienen que ver con la nacionalidad de origen: haber nacido en territorio español, o llevar un año casado con español o española sin separación legal ni de hecho.
El examen de lengua que nadie espera
Es el punto que más incredulidad genera en los solicitantes italianos: hay que hacer el DELE A2, por mucho que el italiano y el español compartan raíz. La exención de idioma no depende de la proximidad lingüística ni del dominio real del castellano, sino del artículo 6.5 del Real Decreto 1004/2015, que fija una lista cerrada de veinte nombres. Italia no está en ella. Tampoco Brasil ni Portugal, que sí tienen dos años de plazo, y sí está Puerto Rico, que ni siquiera es un Estado: las listas no coinciden entre sí.
Sí existen otras vías para no examinarse de lengua, ajenas a la nacionalidad: un certificado de Escuela Oficial de Idiomas de español como lengua extranjera de nivel A2, B1 o B2, o estudios de bachillerato, formación profesional o universitarios cursados en España. Están en exenciones. Del CCSE no exime nada de eso, salvo la ESO española.
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1978: el año en que los dos países coincidieron
El Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 está en vigor para Italia desde el 11 de febrero de 1978 y para España desde el 25 de septiembre de ese mismo año. Es una coincidencia poco común en las cuarenta y siete fichas de este sitio: los dos Estados se incorporaron con siete meses de diferencia, en el mismo año en que se redactaba la Constitución española.
Para el expediente eso significa que la apostilla italiana lleva casi medio siglo siendo el régimen ordinario. La emite la autoridad italiana competente, no España, y certifica la firma, la calidad del firmante y el sello, no el contenido del documento. Sustituye por completo a la legalización diplomática, de modo que no hay que acudir después a ningún consulado.
Cuándo la apostilla sobra
Lo habitual es que se mande a apostillar sin más. Está incompleto: el Reglamento (UE) 2016/1191 suprime, para determinados documentos públicos entre Estados miembros, la apostilla y la traducción jurada, y las sustituye por impresos estándar multilingües que la autoridad italiana adjunta al documento original si se le piden.
| Situación | Qué hacer con el documento italiano |
|---|---|
| Entra en el ámbito del Reglamento (UE) 2016/1191 | pedirlo con impreso multilingüe: ni apostilla ni traducción jurada |
| Queda fuera de ese ámbito | apostilla italiana y, si está en italiano, traducción jurada |
| Traducción | solo traductor-intérprete nombrado por el MAEC o por la comunidad autónoma en lengua cooficial |
Merece la pena preguntar por el impreso multilingüe antes de encargar nada. Y conviene saber que no hay norma que obligue a traducir después de apostillar: es práctica recomendable, no requisito. Las vigencias, en documentación y tasas.
Renunciar no es perder
Se lee en todas partes que «el artículo 24 del Código Civil regula la renuncia». Es falso. La renuncia está en el artículo 23.b), que remite al artículo 24.1 solo para identificar a los exceptuados: países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. Italia no está, así que un italiano sí formula la declaración de renuncia.
El artículo 24 regula lo contrario: la pérdida de la nacionalidad española de quien ya la tiene, y exige tres circunstancias simultáneas —emancipación, residencia habitual en el extranjero y adquisición voluntaria de otra nacionalidad o uso exclusivo de la anterior—. Quien vive en España no la pierde por esta vía. Y su inciso protector ampara únicamente la nacionalidad española de origen: el italiano que se nacionaliza español no queda cubierto por él.
Lo que no afirmamos sobre la ley italiana
Lo que sí puede decirse: la declaración de renuncia es una declaración exigida y agotada dentro del ordenamiento español, y su eficacia extintiva depende del Derecho del otro Estado. El artículo 25.1.a) sanciona con la pérdida al español que durante tres años use exclusivamente la nacionalidad «a la que hubiera declarado renunciar», lo que presupone que esa nacionalidad puede seguir viva. Es lectura del sistema, no doctrina establecida.
La inscripción es constitutiva
Una resolución favorable no convierte a nadie en español. Después de la concesión hay que jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes ante el encargado del Registro Civil o ante notario, declarar la renuncia a la nacionalidad anterior e inscribirse en el Registro Civil: la inscripción es constitutiva. Y hay un reloj: la concesión caduca a los 180 días si no se cumplen esos requisitos. El detalle, en después de aprobar.
Errores frecuentes en expedientes italianos
- Confiar en que el parecido entre las dos lenguas exime del DELE A2, y descubrirlo cuando ya no hay convocatoria a tiempo.
- Pagar apostilla y traducción jurada de un documento que podía haberse pedido con impreso multilingüe del Reglamento (UE) 2016/1191.
- Dar por hecho que ser Estado fundador de la Unión abre alguna vía preferente. No la hay.
- Celebrar la concesión y dejar pasar los 180 días sin jurar ni inscribirse.
- Repetir que «el artículo 24 regula la renuncia»: la renuncia es el 23.b), y el 24 habla de perder la española.
Superar las dos pruebas es condición necesaria y no suficiente: el artículo 6.8 del Real Decreto manda valorarlas junto con los informes del expediente. Una denegación es una decisión administrativa sobre un expediente concreto, no un juicio sobre la persona.
¿Cuántos años de residencia necesita un italiano?
Diez años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, el plazo general del artículo 22.1 del Código Civil. Que Italia sea uno de los Estados fundadores de la construcción europea no cambia nada: la lista de los dos años se basa en el vínculo histórico con España, no en la pertenencia a la Unión.
¿Un italiano está exento del DELE A2 por hablar una lengua románica?
No. La exención de idioma nace del artículo 6.5 del Real Decreto 1004/2015, que contiene una lista cerrada de veinte países en la que Italia no figura. La proximidad lingüística no exime: un italiano acredita DELE A2 y CCSE, salvo que le sirva otra de las vías de exención de idioma, como los estudios cursados en España.
¿Puede un italiano conservar su nacionalidad al hacerse español?
No damos una respuesta cerrada. El régimen italiano de nacionalidad no está entre los seis Derechos internos que hemos verificado en fuente oficial. Lo que sí es seguro es el lado español: Italia no figura en el artículo 24.1 del Código Civil, de modo que un italiano formula la declaración de renuncia del artículo 23.b) en el acto de adquisición.
¿Desde cuándo se apostillan los documentos italianos?
El Convenio de La Haya de 1961 está en vigor para Italia desde el 11 de febrero de 1978, y para España desde el 25 de septiembre de ese mismo año. Hoy, además, el Reglamento (UE) 2016/1191 permite prescindir de la apostilla y de la traducción jurada en determinados documentos públicos, mediante impresos estándar multilingües.
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Fuentes oficiales
- Código Civil, artículos 21 a 26 (BOE, texto consolidado)
- Real Decreto 1004/2015, artículos 6 y 11 (BOE, texto consolidado)
- Orden JUS/1625/2016 (BOE-A-2016-9314), artículo 10 y Anexo
- Ley 20/2011 del Registro Civil, artículo 68.3 (redacción de la Ley 6/2021)
- Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH), tabla de Estados parte del Convenio de 5 de octubre de 1961
- Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo
- Instituto Cervantes, exámenes CCSE y DELE
Consultadas el 14 de agosto de 2026. Esto es información, no asesoramiento jurídico: tu expediente puede tener particularidades.
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